Para el Consejo Misionero Indígena (CIMI), Brasil atraviesa un momento crítico de «desconfiguración de los derechos de los pueblos indígenas» reconocidos en la Constitución Federal de 1988.

La comunidad Yvyju Avary del pueblo Avá-Guaraní, ubicada entre los municipios de Guaíra y Terra Roxa en el oeste de Paraná, fue víctima de un nuevo ataque este jueves 23. Un tractor, escoltado por vehículos policiales, arrasó cultivos indígenas y roció pesticidas cerca de las viviendas, provocando problemas de salud entre los habitantes.

Los miembros de la comunidad documentaron en video la llegada del convoy, que incluía un tractor, un camión, una camioneta y dos vehículos de la Policía Militar. «Vamos a morir aquí, pero no vamos a retroceder», declara un líder de la comunidad, quien también permanece en el anonimato por razones de seguridad.

Este incidente marca el segundo ataque en menos de una semana, después de que el día 17 cuatro tractores y un camión cargados de pesticidas invadieran la comunidad, presuntamente por órdenes de un terrateniente que busca expulsar a los indígenas.

La Comisión Guaraní Yvyrupa (CGY) señala que la comunidad vive en constante tensión debido a los ataques de terratenientes en territorios indígenas que están en proceso de regularización. Mientras un propietario accedió a negociar la venta de sus tierras para la demarcación del Territorio Indígena Tekoha Guasu Guavira (TI), otro ha optado por la resistencia violenta, intensificando los conflictos desde julio.

El gobierno de Paraná ha solicitado al gobierno federal mayor rapidez en la resolución de los conflictos agrarios en la región. En un comunicado, señalan que la responsabilidad recae en el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública (MJSP), la Fundación Nacional de los Pueblos Indígenas (FUNAI) y la Policía Federal (PF).

La violencia contra las comunidades Avá-Guaraní en el oeste de Paraná ha escalado dramáticamente en las últimas semanas. El territorio indígena Tekoha Guasu Guavirá, que abarca zonas de los municipios de Guaíra y Terra Roxa, ha sido escenario de múltiples agresiones que incluyen disparos contra civiles y fumigaciones con pesticidas.

El domingo 13, la aldea Y’Hovy vivió momentos de terror cuando atacantes dispararon contra un campo donde jóvenes y niños jugaban al fútbol. Los disparos, que según testigos parecían provenir de «un fusil o una ametralladora», también apuntaron hacia la casa de uno de los líderes de la comunidad. «Se hicieron varios disparos en pocos segundos», relata la comunidad en una carta de denuncia, señalando que los proyectiles alcanzaron una farola cercana al campo deportivo. Los presentes se vieron obligados a buscar refugio, algunos tirándose al suelo mientras otros corrían para protegerse.

Luis Ventura, secretario ejecutivo del CIMI, advierte que estos hechos se enmarcan en una nueva fase de ofensiva contra los derechos constitucionales indígenas. Según Ventura, Brasil atraviesa un momento crítico de «desconfiguración de los derechos de los pueblos indígenas» reconocidos en la Constitución Federal de 1988, que garantizó los derechos originarios de los pueblos indígenas sobre sus territorios.

La situación actual representa un nuevo capítulo en una lucha de 36 años, durante los cuales las élites políticas y económicas han intentado sistemáticamente «reducir, anular, modular y restringir los derechos de los pueblos indígenas», según señala Ventura.

Unos 4.000 indígenas avá-guaraní viven en el extremo occidental del estado de Paraná en riesgo de contaminación por glifosato. Esta sustancia es el ingrediente activo del Roundup, el pesticida más vendido en el mundo para eliminar las malas hierbas de los cultivos e incluso de los espacios públicos.

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